“Todos los documentos están sellados y firmados por los representantes del Ministerio en Puerto Ordaz, por la abogada Luisa Castro, inspectora jefe del Trabajo; además, contamos con el apoyo de Arwin Pérez, coordinador principal de la Inspectoría del Trabajo en el estado Bolívar”.

Rubio denunció que a pesar de tener la documentación, la gerencia de Recursos Humanos y el departamento legal de la empresa no dejan ejercer la autonomía y la libertad sindical debido a que no dejan acceder a los ocho miembros del comité ejecutivo del sindicato a las instalaciones del casino, además de difamarlos con sus compañeros de trabajo.

“La gerencia no nos deja trabajar desde hace más de una semana, además nos pusieron a hablar con el abogado de la empresa que nos expresó que todo lo que hagamos va a ser estéril, ya que el poder económico del casino está por encima de las leyes laborales y las providencias administrativas del ministerio”.

Indicó también que han sido víctimas de la extorsión y el chantaje por parte de la gerencia del casino, donde los gerentes han manifestado “comprar” las conciencias de los dirigentes sindicales con dinero y mejores puestos de trabajo dentro del casino.

“Ellos saben que nosotros tenemos la razón y el respaldo de los trabajadores, es por eso que buscan comprar nuestras conciencias; pero nuestro trabajo por el colectivo no tiene precio y no descansaremos hasta que se nos entreguen nuestras merecidas reivindicaciones laborales”.

Los dirigentes sindicales hicieron un llamado a las autoridades nacionales a sancionar a los dueños del casino por estas acciones contra las leyes venezolanas. “Se le debe dar una revisión a las concesiones especiales para los casinos, además de la solvencia laboral, ya que están atentando contra una organización sindical y contra el derecho de los trabajadores”.