El atraso generado en la entrega del beneficio de préstamos personales a los trabajadores en CVG Venalum ha generado descontento entre los afectados y, en especial, en los integrantes del Movimiento 7, quienes le exigen al presidente de la compañía, Isaías Suárez Chourio, una reunión de emergencia con el fin de definir la fecha de cancelación de los pasivos así como otros beneficios contractuales que la compañía le adeuda a sus trabajadores.

A juicio de los trabajadores, el discurso sobre la falta de liquidez de la empresa esgrimido por el presidente de la compañía para incumplir el acuerdo de pago genera suspicacia entre la masa de trabajadores, quienes califican la acción como un doble discurso, toda vez que días atrás la máxima autoridad de la compañía anunciaba con bombos y platillos el nivel de rentabilidad alcanzado por la empresa durante el primer semestre del año fiscal 2008.

Para Gerardo Pérez, integrante del Comité Ejecutivo de Sutralum e integrante de la organización, instó al presidente de la empresa para que oficialice el pago de los trabajadores en los próximos días, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 92.

“La Carta Magna venezolana es explícita en esta materia, puesto que señala que este beneficio es un crédito laboral de exigencia inmediata y su correspondiente mora genera el pago de intereses, por lo que no entendemos cómo hasta ahora la directiva de la empresa viene dilatando la entrega de este beneficio hasta 30 días, incluso, hay trabajadores que llevan más de 60 días a la espera de su pago”, precisó.

Carácter social

Pérez aseveró que la mayoría de las solicitudes realizadas por los trabajadores se sustentan en actividades de carácter social, puesto que estos recursos son usados para la ampliación de inmuebles y problemas de salud de sus seres queridos.

“Este movimiento 7 le hace un llamado al presidente de la empresa para que le explique a los trabajadores cómo una compañía que goza de una amplia liquidez, como constantemente se anuncia en la prensa nacional, no honra los pasivos laborales de sus trabajadores”, precisó.

El representante de los trabajadores aprovechó la ocasión para exhortar al presidente del Sindicato Único de los Trabajadores de CVG Venalum, Estílito García, para que le anuncie a los trabajadores la fecha de pago del día domingo como feriado, beneficio que la empresa adeuda a sus trabajadores desde el año 1991.

“Es necesario que la empresa le cancele a sus trabajadores este concepto, con el fin de que comience a hacerlo efectivo de manera regular como lo establece la ley, dos días y medio de jornada laboral y no como lo viene haciendo a un día y medio de jornada de trabajo”, acotó.

Complacencia sindical

Otro de los puntos abordados por Pérez fue el concerniente al reajuste salarial, beneficio contractual que la compañía ha venido vulnerando de manera sistemática, ante la anuencia de los representantes de Sutrapuval y Sutralum.

“Hasta ahora ninguno de los representantes de estas organizaciones sindicales le han exigido al presidente de la compañía la instalación de la mesa de trabajo para la conformación del correspondiente tabulador que permitirá la aplicación de este beneficio”, aseveró.

Pérez acotó que este pago mejorará la calidad de vida de los trabajadores de la nómina menor mensual, nómina diaria y apoyo logístico de la compañía, que llevan más de 8 años sin gozar de la aplicación de un tabulador.

Acciones incongruentes

Por su parte Manuel Díaz, miembro del Comité de Higiene y Seguridad de la empresa e integrante del Movimiento 7, calificó de irresponsable la actitud asumida por varios representantes sindicales quienes de manera negligente se han confabulado con la empresa para retrasar todos los beneficios contractuales de los trabajadores de CVG Venalum.

“A pesar de que existe un conjunto de actas firmadas por los representantes de la empresa ante la Inspectoría del Trabajo, por violaciones de beneficios contractuales, hasta ahora la dirigencia sindical y los directores laborales de la factoría no se han pronunciado de manera firme a favor de los intereses de los trabajadores”, afirmó.

Díaz anunció que un ejemplo de esta realidad lo constituye el atraso en los pagos de los intereses de las prestaciones sociales, así como el bono de incentivo, lo cual no ha sido cancelado a los trabajadores.

“No hay justificaciones para que la empresa no cancele estos beneficios, menos aun cuando el precio del aluminio se ubica en más de tres mil dólares por tonelada métrica y constantemente la empresa viene realizando despacho del material, elementos que nos permiten inferir que el problema en la falta de liquidez de la compañía para el pago de estos beneficios proviene de la administración de la factoría”, puntualizó.