A la mala administración de quienes están al frente de las empresas básicas, en detrimento de los trabajadores activos, pensionados y jubilados, se suma la acción y omisión de los sindicalistas patronales y el efecto del terror que causa en los trabajadores la criminalización de las protestas laborales.

Como sabemos, el Secretario General del sindicato Sintraferrominera, Rubén González, se encuentra preso en su casa, impidiéndosele su actividad sindical en flagrante violación a la libertad sindical, lo cual directamente afecta los derechos de los trabajadores.

Los Presidentes de las empresas básicas esgrimen como argumento en su defensa y para incumplir los beneficios establecidos en las convenciones colectivas, los efectos de la crisis financiera global; pero todos sabemos que una superficial auditoría de la situación general de esas empresas, evidenciaría la mala administración, incluso, cuando los altos precios de la materias primas, les permitían a estos Presidente y Gerentes fomentar irresponsablemente el clientelismo político duplicando las nóminas y malbaratando cuantiosos recursos en propaganda política.

Oyendo a algunos trabajadores de Ferrominera anoté en mi libreta algunas deudas pendientes de Ferrominera con su personal: No les han pagado el 10% del aumento del contrato (pendiente desde el 1º de septiembre de 2009). No les han pagado las utilidades, las cuales debieron ser canceladas en la primera quincena de noviembre. No les dieron la contribución a los jubilados para celebrar el día del jubilado. No llevan a Margarita a los jubilados que recién cumplen el requisito, como de costumbre se hace. No pagan el fideicomiso. Los ahorros tienen 4 meses que no los entregan a quienes los solicitan. A la asociación de jubilados y pensionados les descuentan las cotizaciones y no se las entregan a la asociación, etc., etc.

Nuestra constitución establece que el Estado es responsable. Basta leer, entre otros los artículos 6, 25, 26, 49.8, 139, 140 y 259. El 140 es muy claro: ¨…El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública…”. Lo anterior lógicamente no implica, que si la administración pública es responsable, los funcionarios no tienen responsabilidad. La constitución y la ley también en esto son bien claras.

Los trabajadores no deben hacerse corresponsables, como quiere la gerencia, de la mala administración de las empresas básicas, para las cuales no han creado ni implementado ninguna política de sustentabilidad que permita prestar el trabajo en condiciones decentes. Deben luchar por sus derechos.