Con estas palabras se expresó la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, quien fue la encargada de leer un comunicado, donde quedó plasmada la posición del poder Legislativo, el poder Judicial, el poder Ciudadano, el poder Electoral y la Fiscalía General de la República.

En el texto, explican que las representantes de los poderes públicos, impulsadas por la situación que vive Honduras, a raíz del golpe de estado consumado el día 28 de junio de 2009, rechazan categóricamente la ruptura del hilo constitucional y democrático de ese país latinoamericano.

Resaltaron que “el golpe de estado ocurrido en Honduras y la instalación de un gobierno de facto, representa el cese del estado de derecho y constituye una grave violación de los derechos humanos del pueblo hondureño”.

En el comunicado significaron “que el gobierno de facto que actualmente usurpa el ejercicio del poder público hondureño en aras de imponer a su población sus objetivos antidemocráticos, ha apelado al uso ilegal de la fuerza pública para desconocer la voluntad popular expresada por medio del sufragio, atentando contra la vida de las personas”.

Lucena subrayó que en el marco de las violaciones a los principios democráticos y a la soberanía popular, señalaron que el gobierno de facto desconoce abiertamente los tratados válidamente suscritos, ratificados y aprobados por la república de Honduras en materia de derechos humanos los cuales según su propia Constitución “forman parte integrante de los derecho internos”.

La presidenta del CNE sostuvo que “en virtud de los hechos expuestos, las representantes de los organismo antes señalados se adhieren a los pronunciamientos de la Asamblea general de la ONU, del consejo permanente de la OEA, del los presidentes del Sistema Interamericano de Integración Centroamericana, del ALBA, del Grupo del Río, UNASUR y CARICOM, reconociendo como presidente constitucional de la República de Honduras a Manuel Zelaya Rosales, quien fue electo para el periodo constitucional vigente”, expresó.

Además, en el comunicado denunciaron las amenazas que pesa sobre Manuel Zelaya y sobre los representantes de los organismos internacionales y dignatarios que integran la comisión que se trasladará a la República de Honduras. Intopress