Durante su visita a Ciudad Guayana, Alfonso disertó sobre las consecuencias que traería aplicar una normativa de este tipo, la cual desde ya supone una violación al derecho de propiedad privada, consagrado en la Constitución Nacional.

“Los venezolanos ya no tendrían su propiedad porque la ley tiene mecanismos de expropiación y confiscación. Sabemos que este es un Gobierno que quiere controlar absolutamente todas las propiedades”, dijo.

A su juicio, “todo Gobierno que genere un cerco al sector privado e inclusive a muchas actividades mixtas, aunado a un control de precios y cambiario, sin duda obstaculiza la producción (…) Por otra parte el colectivismo pretende sustituir al individualismo, vemos como se utiliza el conflicto como herramienta central para establecer políticas, generando odio entre la población”.

Para Alfonso, el modelo de Gobierno actual es totalitarista, y está orientado hacia el modelo Marxista Leninista. En ese sentido, agregó que todos los venezolanos deben ocuparse de la realidad, ya que el país atraviesa por serias dificultades económicas y políticas.

“Vemos con gran preocupación como a gobernadores y alcaldes que han sido elegidos por los ciudadanos, les han arrebatado sus activos y sus propiedades. Ese profundo combate a la disidencia es una demostración muy clara de aquí lo que se está instaurando es un régimen comunista”, precisó.

Atentado contra la Constitución

Tomar cualquier bien y declararlo como “propiedad social” es una violación a la Constitución Nacional, por lo que es claro suponer que las intenciones del gobierno giran en torno a la creación de nuevo modelo de propiedad.

Y es que el Proyecto de Ley de Propiedad Social que desde ya se discute en la Asamblea Nacional atenta contra la Constitución Nacional. Algunos creen que se trata de la misma propuesta contenida en la reforma constitucional, la misma que fue rechazada en 2007.

No obstante, parlamentarios aseguran que la ley plantea la igualdad de los trabajadores, así como la promoción de nuevas relaciones de producción y la creación de la propiedad cooperativa como una forma de propiedad privada.

De la Ley

El anteproyecto de Ley de Propiedad Social, expresa en uno de sus artículos que el Ejecutivo nacional podrá tomar cualquier bien y declararlo de propiedad social cuando establezca que su actividad productiva no esté orientada a satisfacer las necesidades reales de la población o no se corresponda con los intereses nacionales y el modelo socioproductivo.

Se declarará del dominio de propiedad social aquellos bienes, que de acuerdo con los planes nacionales de desarrollo económico-social y a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional para el Desarrollo de la Economía Socialista, así como a los niveles de organización, formación y capacitación técnica de comunidades y sectores sociales, puedan ser transferidos a éstos para su manejo y administración.
Especifica que "es la posesión material de entidades económicas o con potencialidades económicas, destinadas o proyectadas a la satisfacción de necesidades humanas o producción de obras, bienes o servicios, que por derecho y naturaleza propia son de propiedad colectiva e interés estratégico, tanto para la soberanía plena como para el desarrollo humano integral nacional".

En contraposición, miembros de la Comisión de Participación Ciudadana de la AN, aseguran que "esta ley es inofensiva porque, si acaso tiene carácter expropiatorio es porque se autoexpropia".

Advierten que la Ley potenciará el artículo 308 constitucional, donde se establece que el Estado protegerá y promoverá formas de asociación comunitaria, bajo régimen de propiedad colectiva y asociación comunitaria.