Estas declaraciones fueron emitidas por Gilberto Montes, Xiomara Pérez y Angélica Borromé miembros de la mencionada comisión electoral, los cuales señalaron con respecto a las denuncias formuladas en su contra que sus actuaciones obedecieron principalmente al seguimiento de un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Electoral para amparar la reposición del proceso electoral, en cuanto a la admisión o rechazo de las debidas postulaciones.

En este sentido prosiguieron los declarantes tal dictamen generó la designación de una comisión electoral AD HOC para sustituir a la de la Cámara de Comercio e Industrias del Municipio Caroní para la culminación del proceso electoral llevado a cabo; por lo que se sostuvieron una serie de encuentros no sólo con el presidente destituido, a objeto de recibir la información pertinente al listado de los afiliados, así como las postulaciones de las dos planchas a disputar este proceso. Firmas de apoyo y el modelo de boleta electoral; sino también con representantes de ambas tendencias y así consta en acta.

Por lo que rechazan ahora los voceros las acusaciones y señalamientos emitidos ahora por la ciudadana Nancy Gómez en su contra; pues los mismos obedecen a una serie de actos anteriores a la admisión o rechazo de las postulaciones donde esta comisión no tuvo ninguna participación, puesto que el listado manejado por la misma según lo establecido en las normas que rigen este proceso sería el entregado por el ciudadano Gerardo Hoogesteyn en la primera reunión, el cual fue publicado como definitivo y no admitía modificaciones.

La polémica entonces surge según lo informado al denunciarse sobre la existencia de unas 36 empresas excluidas de tal lista, lo cual obedeció a un error de publicación subsanado en su debido momento, por lo que de estos casos 30 fueron incorporados y 6 rechazados al no aparecer en el listado manejado para el año 2007.

Razón esta que los lleva a aclarar que si en efecto hubo una exclusión, pues la misma entonces seria responsabilidad de Hoogesteyn ya que era él quien manejaba tales informaciones al inicio de este proceso, de allí que desestimaron los afectados otras acusaciones en cuanto al presunto cambio de 48 representantes legales de empresas sin la consignación de los requisitos exigidos por Camcaroní, entre otras irregularidades similares.

Finalmente emplazaron los miembros de la comisión electoral a la denunciante a reflexionar sobre el por qué de su apoyo inicial a la entrega de información por parte del presidente destituido, así como a la negativa del cambio de sede para las elecciones, recurriendo ahora a una serie de agresiones verbales y denuncias a través de los medios de comunicación sin fundamento alguno, las cuales además de rechazar categóricamente, pues los lleva a señalar que no cederán ante ningún tipo de presión, pues los votos a obtenerse provendrán de las empresas y de esta comisión.