“A duras penas llegaremos a 10 mil vehículos ensamblados este año. Las condiciones en que trabajan las plantas no permiten que se fabriquen más unidades. Las ensambladoras del país atraviesan por serios problemas de operatividad, en su mayoría motivados a conflictos laborales”, así lo señaló José Rosario Puleo, presidente de la Asociación de Concesionarios Hyundai de Venezuela (Asohyundai).

Los retrasos en la autorización de divisas para importar piezas y partes sigue privando la producción nacional. “La escasez dispara los precios, los cuales se duplican y hasta se triplican en algunos casos”.

Con la soga al cuello

En torno a las constantes fiscalizaciones del Indepabis, Puleo dijo que tales acciones carecen de conciencia y no se ajustan a la realidad. “Hay una cadena de comercialización que demanda costos e impuestos. No pueden haber precios referenciales en todo el país porque cada región tiene un índice inflacionario distinto. Vender un carro en Guayana no es igual que vender un carro en Caracas o en Guárico”.

Para Puleo fijar un margen de ganancia de entre 6 y 10% sobre el costo de planta es imposible. “Más bien debería haber un acercamiento para dialogar y buscar salidas al problema del sobreprecio. Habría que analizar los costos operativos de cada ensambladora para posteriormente acordar un precio final”.

Agregó “estamos abiertos a que nos supervisen pero tiene que haber una mesa de diálogo compuesta por representantes del sector y del Gobierno. Si deciden que la ganancia es de un 10% neto me parece lógico, siempre y cuando yo cubra una serie de gastos operativos, de lo contrario ese margen de 10% no puede calcularse en base al precio de planta”.

Recalcó además que todo vehículo cuyo precio supera los 74 mil bolívares fuertes se considera lujoso y por ende representa un impuesto adicional. “Eso sería declararle la guerra al sector automotriz y más aún cuando están en riesgo 5 mil puestos de trabajo directos”.

Mercado secundario

El presidente de Asohyundai no descartó la posibilidad de que algunos concesionarios se presten para prácticas ilícitas (sobreprecio), no obstante, señaló que en su mayoría de trata de revendedores, es decir, personas que compran unidades a precios sugeridos y que posteriormente las comercializan al doble, aprovechándose de la poca oferta en el mercado.

“Es preciso aclarar que estos no son concesionarios, son concesionarios aquellos que distribuyen una marca. Es allí donde abusan y aumentan los precios de manera desproporcionada”. En ese sentido, llamó a los organismos a iniciar una revisión en ese ramo.

En discusión

A nivel nacional el Indepabis, adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, ha insistido en que existe una imposición desmesurada de precios.

De acuerdo con el instituto, “el costo sugerido que da el fabricante debe tomarse como el precio de venta al público, sin embargo cuando hacemos el sondeo de las facturas, nos damos cuenta que estas personas pudieran estar incurriendo en una usura genérica, ejemplo: la Toyota Merú la vende la planta en Bs.F. 81.150 y con un precio sugerido de venta al público de Bs.F. 92.691, la agencia la vende en Bs.F. 176.342, es decir le ganan Bs.F. 83.651”.

Así las cosas y según la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios las medidas aplicadas se basarán en los artículos 52 referida a la lista de precios, 111 al cierre preventivo y el 143 correspondiente a la usura genérica, que se aplicará a “quien por medio de un acuerdo o convenio obtenga para sí o para un tercero, directa o indirectamente, una prestación que implique una ventaja notoriamente desproporcionada a la contraprestación que realiza, incurrirá en delito de usura y será sancionado con prisión de 1 a 3 años.

En la misma pena incurrirá quien en operaciones de crédito o financiamiento, obtenga a título de intereses, comisiones o recargos de servicio una cantidad por encima de las tasas máximas respectivas fijadas o permitidas por el Banco Central de Venezuela”.

En algunos casos se aplicará el cierre preventivo, el cual tiene por finalidad, darle tiempo a los dueños del establecimiento para ajustar la lista de precios a los repuestos, y así garantizar una referencia a los usuarios.

En discusión

Desde ya se discute en el seno de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley que regulará la compra y venta de vehículos, el cual estará listo en 20 días.

El instrumento jurídico obligará a los concesionarios a comercializar los carros al precio sugerido por las ensambladoras y establecerá un monto de ganancia para estos establecimientos que oscilará entre 3 y 10%.

Fuentes ligadas a la AN destacan la importancia de contar con una ley que ponga coto a la usura que se ha generado en el sector automotriz, por el abuso de muchos concesionarios que aún contando con dólares oficiales, distorsionan este mercado, para obtener ganancias exorbitantes.