El militar en cuestión aseguró durante su relato ante el magistrado Andrés Mora, que durante los días 5, 6 y 7 de septiembre de 2005, ocurrieron alteraciones del orden público en la zona de la Troncal 10, y que él se encontraba prestando servicios en las instalaciones de la transnacional minera Crystallex Internacional Corporation, por lo cual se dirigió en una camioneta propiedad de dicha empresa a tratar de mediar con los manifestantes e impedir que mantuvieran cerrada la carretera.

Continuando con su declaración, quien para el momento de los hechos tenía el rango de mayor, aseguró que al llegar al lugar se bajó del vehículo a mediar pacíficamente con la gente que protestaba, pidiéndole a sus compañeros de armas que se quedaran atrás y no dispararan sus fusiles contra la multitud que, según acotó, estaba armada con objetos contundentes y bombas incendiarias, aunque destacó que bien pudo hacerlo porque la misión de abrir el paso “corría peligro” al igual que su vida.

Seguido a esto afirmó haber sido rodeado por más de doscientas personas y agredido por solamente dos de ellas, quienes lo inmovilizaron a la fuerza y le arrebataron su arma de reglamento para después amenazar con asesinarlo y justo cuando se disponían a hacerlo, un pelotón de veinte funcionarios de la Guardia Nacional acudieron a rescatarlo mediante el uso de gas lacrimógeno para dispersar el tumulto.

Nunca lo vio

Pese a que reiteradamente durante toda su declaración Guillén aseguró que detrás de todos los hechos ocurridos se encontraba Carlos Chancellor liderizándolos, fue incapaz de afirmar haberlo visto en el momento de acontecer los mismos.

Por el contrario, indicó que apenas pudo observarlo minutos después de ser liberado de la turba y a varios metros de distancia de donde sucedió todo, acotando que en ese instante supuestamente le increpó a Chancellor su presunta responsabilidad en el robo del arma y éste le manifestó su disposición para ayudarle a recuperarla, hecho que al fin no se concretó.

Es de recordar que dos de los delitos por los cuales se está procesando al alcalde de Sifontes son encubrimiento en robo genérico (referido al caso del arma de fuego) e instigación a delinquir (por el cierre de vías); de ambos asuntos el efectivo castrense insistió en culpar a Chancellor, pero cuando la defensa integrada los abogados Félix Castro y Alicia Hernández preguntó en qué se basaba para acusarlo sin haberlo visto participando en los hechos, éste respondió que para ese entonces tenía informes de inteligencia “confidenciales” razón que le impedía revelarlos.

Además mencionó comentarios de sus compañeros de armas donde le manifestaban que el hoy burgomaestre era un alborotador y líder de las alteraciones del orden público en la zona, es decir, nunca lo vio sino que se basó en supuestos para culpabilizarlo, comentaron posteriormente los abogados.

La otra versión

Personas que estuvieron presentes en los hechos de septiembre de 2005, quienes son objeto de investigación en este proceso judicial, aseveraron que las cosas no habrían ocurrido como las contó el funcionario militar, pues alegaron que presuntamente Guillén llegó a exceso de velocidad en la camioneta de Crystallex y casi embistió a la gente que protestaba pacíficamente, luego se bajó de forma agresiva y autoritaria amenazándolos con el uso de la fuerza, cuestión que calentó los ánimos que llevaron a que fuera despojado de su arma de reglamento.

Dijeron los testigos que esto ocurrió mucho antes de la llegada de Chancellor al sitio, quien se acercó al lugar para mediar y lograr que no se llegara a la violencia contra el militar, como efectivamente se evitó, y que fue este dirigente político el que acompañó a salir del sitio donde estaba el tumulto a Guillén y no un grupo antimotines usando gas lacrimógeno para liberarlo de una turba agresiva que lo mantenía secuestrado como afirmó el efectivo castrense en su relato.

Audiencia pospuesta

Este viernes 26 de junio debía proseguir la presentación de pruebas en este juicio, sin embargo la continuación de dicho proceso se pospuso para el próximo miércoles 1 de julio, fecha en la cual se darán cita nuevamente las partes para seguir tratando de llegar a la verdad de estos hechos que mantienen al burgomaestre electo con más alto porcentaje de votación en todo el país tras las rejas y sin derecho a ser juzgado en libertad para poder asumir el cargo para el cual la voluntad popular lo seleccionó. (Prensa caso Chancellor/ Ciudad Guayana)