Nancy Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep) seccional Caroní, y miembro de la Junta Directiva del Colegio Los Próceres dio a conocer la situación que enfrentan estos planteles educativos ante la realidad económica que vive el país y las medidas adoptadas por los entes del Estado.

Resaltó que la educación privada viene con controles de precios desde hace más de seis años, y que anteriormente éstos no tenían un tope decretado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), “los padres eran quienes fijaban las cuotas de las mensualidades que iban a pagar para la educación de sus hijos”, pero resaltó que desde hace cinco años el ministerio ha puesto techos que han estado por debajo de los índices inflacionarios.

Recordó que en el 2008 se estableció un 15% de aumento en las matrículas de instituciones privadas, y en ese momento la inflación sobrepasaba el 30%. Para el año en curso explicó que no se tiene conocimiento sobre el índice que se va a manejar para el próximo período escolar.

Gómez sostuvo que la situación real de estos recintos educativos actualmente se ve afectada por varios factores. En primer lugar señaló que debido al aumento de las Unidades Tributarias en el mes de enero, las cuales pasaron de 46 bolívares fuertes a 55, impactando en la elaboración del presupuesto, específicamente en la parte de la cesta ticket, pues la misma “es cancelada en UT por cada trabajador y día laborado, (...) los colegios que tienen mayor personal se ven más afectados con la medida”.

Consecuencias de los incrementos salariales

Por otra parte, la presidenta de la Andiep-Caroní expresó que el Ejecutivo Nacional aprobó un incremento del 20% en los salarios, lo cual entraría en vigencia 10% el 01 de mayo de los corrientes y el 10 por ciento restante, el 01 de septiembre, originando que teóricamente “por un principio de realidad y justicia” tengan que ajustarse los sueldos de toda la escala de trabajadores, desde los obreros hasta las secretarias y docentes.

En orden de ideas, dio a conocer que algunos recintos escolares no han podido llevar a cabo estos ajustes, a pesar de ello “hay que discutirlo y ejecutarlo en septiembre”. Añadió que “para terminar de ponerle la guinda a la torta” se discutió el contrato colectivo de los educadores dependientes del MPPE, “donde se aprobó un 30%, en donde el 15% debió aplicarse a partir del 01 de mayo, y la otra mitad el 01 de septiembre”.

No obstante, indicó que se está hablando de un aumento entre un 20 y 30% en la nómina, “cuando ésta ocupa entre un 70 y 80% de los gastos fijos de un colegio, ya que incluye el pago de Fideicomiso, Ley de Política Habitacional (LPH), Seguro Social, aguinaldos, bono vacacional y de productividad, los uniformes del personal, las normativas del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) que ordena hacer exámenes periódicos a todo el personal (...) todo eso cuesta dinero”.

Al mismo tiempo afirmó que el otro 30% se utiliza para gastos ordinarios como papelería, material didáctico, mantenimiento de mobiliario, aires acondicionados, sistemas de computación, entre otros que a su juicio no deben disminuir,” cuando se tienen controles de precio tan rígidos, las escuelas cada vez tienen menos fondos de reserva para mejorar las instalaciones, y desarrollar proyectos”.

La participación de los representantes es esencial

“La última palabra la tienen los padres, ellos son los que deciden qué tipo de educación quieren para sus hijos (...)”. Agregó que en asamblea de padres y representantes se decidirá el monto a aumentarse en las matrículas, el cual no debe pasar de acuerdo a mandato del MPPE, del 20%.

Dichas asambleas, dijo, deben realizarse del 16 al 30 de junio y convocarse cada dos días en forma sucesiva hasta llegar a un acuerdo. Una vez que se apruebe la cantidad, “se levantan las actas, y los aumentos comienzan a regir a partir del 01 de septiembre.

Por otro lado, Nancy Gómez manifestó que las amenazas del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) están latentes, “hay procedimientos legales que se deben cumplir, y el que no lo haga se tiene que someter a las sanciones y multas, las cuales son tan millonarias que pueden terminar por quebrar una escuela”. A su vez indicó que, como parte de la Junta Directiva del Colegio Los Próceres, “continuaremos brindando un servicio de calidad en la medida en que podamos, y dentro del marco legal”.

En cuanto al proyecto de Ley Orgánica de Educación planteada por el MPPE, señaló que los padres y representantes a nivel nacional se están reuniendo para elaborando propuestas en torno a esta legislación con el objetivo de llevarlas a la Asamblea Nacional y sean incluidas en el proyecto.

En el caso de la Andiep Caroní, informó que las sugerencias que les vayan llegando serán enviadas a la oficina nacional ubicada en Caracas y a Fenasopadres para que ellos hagan el envío correspondiente a la AN.

Para finalizar expresó que “estamos viviendo momentos coyunturales, por lo que le hacemos un llamado a los padres a defender la educación, la cual debe ser democrática y sin exclusiones de ningún tipo, (...) como sociedad tenemos que organizarnos y participar, para que el día de mañana no lloremos como niños lo que no pudimos defender como adultos”.

Nancy Gómez manifestó que las amenazas del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) están latentes, “hay procedimientos legales que se deben cumplir, y el que no lo haga se tiene que someter a las sanciones y multas, las cuales son tan millonarias que pueden terminar por quebrar una escuela”.