Rangel aclaró que nunca se ha opuesto a la agrupación sindical en la Gobernación ni en ninguno de sus institutos autónomos, todo lo contrario, ha sido durante su gestión que se han resarcido derechos laborales que nunca habían sido tomados en cuenta.

De hecho, en el Ejecutivo regional hacen vida 17 organizaciones sindicales (13 de docentes, 2 de obreros de educación, una del personal administrativo y una del equipo de Servicios Generales) y con cada una de ellas Rangel se ha sentado a dialogar, pues considera vital la armonía en el ambiente laboral.

No obstante, el sindicato recién creado en el Servicio de Emergencias 171 carece de legalidad, en principio, porque todos los empleados de esta institución forman parte de la nómina de la Gobernación de Bolívar y ésta, a su vez, tiene una asociación de trabajadores principal, llamada Sureb.

Por otra parte, Rangel fue enfático al decir que el principal motivo por el cual desconoce la existencia del sindicato del 171 es que su junta directiva asegura encarar una supuesta lucha por los intereses laborales y económicos de sus integrantes, cuando en realidad utiliza este organismo para crear confrontación política y desacreditar la labor que ha realizado los últimos cuatro años frente a la Gobernación, especialmente la concerniente a las mejoras socioeconómicas de sus empleados.

Inspector es el principal saboteador

En este sentido, el gobernador aseveró que el principal cómplice en esta campaña sucia es Guillermo Peña Guerra, inspector del Trabajo, quien ha utilizado al personal del 171 para crear diatriba política y, peor aún, ha manifestado públicamente que no atenderá ningún procedimiento presentado por la Gobernación de Bolívar.

El descaro de Peña Guerra ha sido tal que actualmente existen 32 procedimientos en la Inspectoría del Trabajo correspondientes a la Gobernación de Bolívar y, a pesar de que la ley contempla un tiempo de respuesta de 10 días, ya ha pasado más de un año sin que este funcionario se manifieste, lo que significa que está incumpliendo sus funciones, pues es su obligación pronunciarse, ya sea a favor o en contra de alguna de las partes.

Valga la pena acotar que el inspector del Trabajo posee un expediente en el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de Ciudad Bolívar por haber agredido a un juez, lo que le costó una sanción que le impidió ejercer durante un año. Esto significa que a ningún trabajador puede convenirle que alguien como Peña Guerra sirva de mediador, pues siempre estará buscando el conflicto y velará sólo por sus intereses.

Por esta razón Rangel se encargará de entregar personalmente un documento a Roberto Hernández, ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, en el que consten las violaciones cometidas por Guillermo Peña Guerra. “Voy a solicitar ante el ministro del Trabajo que tome acciones contra este funcionario que ha manifestado públicamente que dejará sin lugar todo aquel procedimiento presentado por la Gobernación de Bolívar. No es posible que tengamos un inspector que por razones políticas actúe contra nosotros, sin duda alguna su actividad es arbitraria”, afirmó.

“En esa carta solicitaremos la inhibición o el cambio de ese delincuente que tenemos por inspector del Trabajo, de ese irresponsable. No ha habido una vez que Peña Guerra haya dado una respuesta ante una petición de la Gobernación de Bolívar”, finalizó Rangel. (Prensa Gobernación/ CNP 16.540)